Podría parecer que todo ‘Sucedió una noche’, como aquella comedia romántica de Frank Capra de los años 30. Que de pronto nos hemos percatado de que en España, en Andalucía, como sociedad tenemos que apuntarnos un fracaso más: la atención y cuidado de chicos y chicas extranjeros que llegan a este territorio solos y sin apoyos familiares, menores que luego cumplen 18 años y que tienen sueños, proyectos de futuro y una idea de lo que quieren para sus vidas, entre estas integrarse completamente en la sociedad de acogida.
Parece que desde las administraciones y las entidades del tercer sector ponemos ahora el foco en este colectivo formado por miles de personas: 3.661 en 2014; 3.341 en 2015; 3.997 en 2016 y hasta septiembre del 2017 ya estaban tutelados/as por la Junta de Andalucía 5.380 chicos y chicas extranjeros. Todos ellos/as crecen, cumplen 18 años, pierden la tutela y se enfrentan a situaciones que los empujan a convertirse en lo que conocemos como población “en exclusión” en gran parte de los casos.
Dice nuestra norma fundamental, la Constitución española, en su preámbulo que promueve “el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” y en su artículo 9 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. En el 10, el estado español reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España y que no puede prevalecer discriminación alguna por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Sin embargo, pasa el tiempo y nos vamos dotando de normas cada vez más restrictivas como la Ley de Extranjería, aumentamos la altura y el número de obstáculos en nuestras fronteras a la vez que mercantilizamos su vigilancia, violamos derechos fundamentales con las devoluciones en caliente o el internamiento de menores migrantes justificándolo con pruebas más que dudosas, como las osométricas. Limitamos y subcontratamos los recursos para atender a los/as jóvenes migrantes y extutelados provocando que muchos de ellos acaben en la calle y aumentamos las dificultades administrativas para poder residir y trabajar en el estado español y, cuando los llevamos al límite, los señalamos y los devolvemos a un país en el que prácticamente han vivido menos años que en este.
Todo ello con la complicidad del tercer sector que, mediante subvenciones y programas intentan atender a estos colectivos con multitud de deficiencias. Mientras recibimos esto no profundizamos en la coordinación entre organizaciones, en la exigencia a las administraciones públicas para modificar las normativas y, sobre todo, en muchísimas ocasiones no escuchamos a los propios jóvenes a los que atendemos. Los llamamos “mis jiex” o “mis menas” cuando no son nuestros, son de toda la sociedad andaluza y española, les orientamos laboralmente sin preguntarles que quieren, los formamos en lo que nosotros creemos mejor y les apabullamos con normas y proyectos de ‘emancipación’ sin tener en cuenta quiénes son o cómo son. ¿Y las mujeres? ¿Tratamos de forma singular, en profundidad y con continuidad las necesidades de chicas migrantes que llegan al territorio nacional, aunque vengan en menor número? ¿Tratamos de aliviar las dobles y triples discriminaciones que sufren?
Este es uno de esos proyectos o programas que las administraciones públicas financian para atender mejor a los/as jóvenes migrantes. El tiempo dirá si JIEX y MENAS: Integración laboral, social y cultural en Andalucía, un programa con la financiación de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, es capaz de avanzar en este campo y hacer cumplir nuestra norma fundamental de convivencia. De una vez.